El propósito de este trabajo es el análisis del proceso de institucionalización y de interpretación del discurso de los derechos de la infancia1 y de los niños como sujetos de derechos en el campo2 de los problemas de la niñez, específicamente en las instituciones de la minoridad. Se trata de un problema inscripto en el área de las políticas de infancia desarrolladas en nuestro país desde la incorporación a la Constitución Nacional de la Convención Internacional de Derechos del Niño (CDN). Por ello, se rastrean aquí tres dimensiones: a) lo que hay que hacer (las prácticas); b) las definiciones de los problemas que se intenta solucionar y los objetivos que se intenta alcanzar; y c) las construcciones alrededor de los niños y adolescentes, de los que se supone que tienen el problema (Casas, 1998). Se trabaja con testimonios y documentos producidos en tres instituciones públicas en la ciudad de Buenos Aires. Se considera aquí que, de las lecturas interpretativas del discurso institucional, surgirán: a) las características particulares del proceso de interpretación de la CDN; b) las tensiones y conflictos que atraviesan las instituciones y c) la matriz general de los procesos de subjetivación y las relaciones intersubjetivas que son posibles en el espacio de tales instituciones. Desde fines de la década del 70, y con más fuerza desde la del 90, se asiste al surgimiento del Paradigma de la Protección Integral y su correlato, en un discurso de los derechos de niños y niñas y en prácticas institucionales por él amparadas. Ambos proveyeron de un marco ético-crítico para reflexionar sobre las relaciones entre el mundo adulto y el mundo infantil, expresadas en praxis públicas y prácticas privadas. En este marco se crearon o transformaron distintas instituciones, en un proceso de crítica a las instituciones totales y a la categoría de “menor”. El discurso de derechos de la infancia es entonces el eje estructurador de un campo que hoy se muestra transformado. En el centro de tales transformaciones, aparece la figura de niño como sujeto de derechos, representación propuesta por el Paradigma de Protección Integral. Producto de una serie de fuerzas y debates políticos alrededor de la ampliación de derechos de ciudadanía a la población infantil, este paradigma expresa un proceso de especificación, concretización, interseccionalidad y particularización de derechos humanos (Scott, 1999). Consignados en un instrumento internacional (la CDN) e incorporados a la legislación nacional mediante la Constitución nacional, los principios relativos a la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes así consagrados son el marco legal y filosófico para las políticas públicas de infancia y sus arreglos institucionales. Este marco promueve la ampliación de ciudadanía sobre la base de dos grandes estrategias: por un lado, la separación de las problemáticas de índole penal de las de origen social; por otro, el cuestionamiento a las instituciones totales, los Institutos de Menores, y el consecuente desarrollo de estrategias alternativas de tratamiento, basadas en la pedagogía social y en la desmanicomialización y la antipsiquiatría (conocidas también como el Paradigma de la Normalización). La necesidad de concretar y especificar un conjunto de derechos humanos y de ciudadanía a una población particular requiere de una concepción de tales derechos que reconozca la no universalidad concreta de éstos: la ciudadanía no es meramente un derecho individual adjudicado por un Estado a todos sus miembros. Ello hace necesaria la revisión crítica de los procesos de institucionalización de principios teóricos y jurídicos, analizando los distintos planos involucrados en su concreción. Es decir, al entender la ciudadanía como resultado de prácticas ciudadanizantes, resulta necesario reflexionar sobre estas prácticas, sobre los modos que adopta el discurso de derechos en la trama de las instituciones, sobre el espacio de ciudadanización que aporta a niñas, niños y adolescentes. Las preguntas que construyeron este recorrido comienzan por el espacio de encuentro entre adultos ejecutores de las políticas públicas y niñas y niños, supuestos ciudadanos, para ir desarrollándose en procesos de subjetivación y relaciones de fuerza y de poder desplegadas en el campo. El supuesto central que sostiene este trabajo3 es que, en tanto sujetos históricos, las identidades de la infancia como sujeto social y las existencias de niños como sujetos concretos dependen de las instituciones para la infancia. Considerar las instituciones como el territorio en el que son producidas las subjetividades infantiles -históricas, cambiantes, mutantes- articula las determinaciones provistas por la inclusión en un espacio público y político (es decir, de negociación y confrontación de sentidos) con los discursos en los que tales sentidos se reinterpretan y se transforman en prácticas cotidianas. Es un escenario conflictivo, histórico, cuya productividad no es uniforme en tanto está tensionado por distintas líneas de fuerza: el debate en el Estado y la constitución de políticas públicas y de modalidades de inclusión, la configuración de actores que disputan en el espacio público por proponer otros sentidos y escenarios (los medios de comunicación, por ejemplo), los actores institucionales y sus propias historias y posicionamientos teórico-ideológicos, las niñas y los niños, las situaciones específicas en las que todas estas líneas se conjugan como resoluciones a conflictos en la vida cotidiana. Los procesos y relaciones mediante los cuales las instituciones para la infancia producen niños se relacionan con la transmisión de la herencia cultural y la distribución de posibilidades materiales de reproducción y continuación de la vida. La transmisión tiene tanto una potencialidad reproductora del orden social (y sus relaciones de dominación y hegemonía) como una potencialidad creadora, transformadora de tales relaciones. En estas funciones, las instituciones son un espacio que es social, pero también singular; actúan como los puentes mediante los cuales las sociedades producen los individuos singulares que las mantendrán vivas como tales. O no. Parte de la oferta cultural de las instituciones para la infancia es una propuesta de modos de ser, es decir, es un espacio en el que se transmite lo esperable, lo normal, lo bueno, y sus contrapartidas, como estrategias morales de construcción del sí-mismo. La transmisión cultural adquiere perfil de filiación, en el cual la integración a la cultura y al socius, la inclusión y la internalización, se realizan en un proceso complejo que involucra a las instituciones y a los sujetos a lo largo de su vida, aportando tanto enunciados identificantes (Aulagnier, 1997) como escenarios y materiales reales en los que la vida se despliega, posibilitando el placer, la autonomía, o aportando a la mortificación, limitando el porvenir. Las figuras de infancia imaginadas, creadas en las instituciones, se relacionan con el porvenir de los niños concretos, en tanto anticipan los tipos de recorridos posibles para un colectivo de sujetos a partir de las políticas que regulan y disponen de su cotidianidad. En segundo lugar, indican cuál es el lugar de acogida que se construye (metáfora para recuperar la relación entre distintos sujetos sociales, en la que a uno de ellos le compete el cuidado del otro), y cuáles las cláusulas para que ésta se efectivice. Finalmente, cómo se constituye al adulto en este mismo movimiento. El segundo supuesto que sostenemos es que la ciudadanía, además de un estatuto jurídico y una modalidad de integración social, es un atributo de los sujetos construido en interacciones sociales dotadas de sentido. La otredad o la heterogeneidad del sujeto en las prácticas significantes de los actores institucionales serán la pista de la construcción del otro como ciudadano o no. La CDN enuncia, para niños, niñas y adolescentes, la titularidad de los mismos derechos sociales que acompañan la ciudadanía adulta, agregando con especial cuidado la caracterización del momento formativo en los niños, por lo cual estos derechos son cruciales. Sin embargo, se cuida de establecer obligatoriedad al Estado por su provisión universal: son derechos que se harán efectivos de acuerdo con sus posibilidades. Esta relativización de la obligatoriedad pone tales derechos en un estatuto de concreción discrecional: serán efectivos para aquellos niños cuyas familias puedan solventar en el mercado satisfactores para las necesidades asociadas a tales derechos. En este contexto, ¿qué posibilidades reales de impacto tienen las instituciones que, desde el mismo Estado, intentan garantizar la ciudadanía para la población de niños, niñas y adolescentes en situación de calle?   Notas 1. Estamos usando las categorías “infancia” y “niñez” de modo indistinto, para referirnos a toda persona menor de 14 años. 2. Si bien al nombrar el problema como inscripto en un campo estamos valiéndonos de la referencia implícita a la obra de Bourdieu, el análisis no acentúa el sistema de posiciones y relaciones de agentes e instituciones, sino lo toma como dado, interviniente, pero no parte central del análisis. 3. Las preguntas y el recorte del objeto con que iniciamos el trabajo se concentraban en inquirir sobre las posibilidades de promover resiliencia en la población infantil en las instituciones estudiadas. A medida que fuimos adentrándonos en el campo, interpelando los resultados provisorios con nuevas lecturas teóricas y propuestas metodológicas y transformando nuestra propia posición personal y subjetiva, las preguntas fueron variando, arribando a estos supuestos que organizan nuestro trabajo y que constituyen, a la vez, aquellos aspectos centrales a ser confrontados por posteriores indagaciones. Ampliamos este proceso en el capítulo sobre metodología.