América Latina se debate en estos tiempos para definir el modelo de integración al proceso global que caracterice su participación en éste. La región, que ostenta el triste record de ser la más desigual del planeta, está conformada principalmente por “países de renta media altamente endeudados” que no están entre las prioridades de los países centrales. Esto implica, en definitiva, que estos países deberán resolver sus problemáticas principalmente con sus propios recursos. Esto desafía a encontrar caminos que permitan un desarrollo sostenible y un compromiso responsable de los distintos sectores para enfrentar las situaciones de desigualdad escandalosas que postergan a la pobreza a porcentajes elevadísimos de sus poblaciones. En este contexto, no resulta extraño advertir que la educación, como proceso social sostenido fundamentalmente con recursos públicos, está atravesando una crisis ya demasiado prolongada. Esta crisis tiene variadas manifestaciones; una de las más notorias es la exclusión educativa de niños, adolescentes y jóvenes que no pueden efectivizar el derecho a la educación que garantizan todas las constituciones nacionales. El acceso a la educación es uno de los mecanismos fundamentales de inclusión social de las personas. Es un derecho, pero también es un medio que habilita a las personas para el ejercicio de sus derechos. Por ese motivo, garantizar a todas las personas el acceso a la educación es una responsabilidad primaria del Estado y también de los actores de la sociedad civil comprometidos con los derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida de los sectores más postergados de la población. La exclusión educativa tiene formas también diversas: desde la imposibilidad de acceder al sistema formal de educación, pasando por el perder su pertenencia, hasta la “exclusión inclusiva”, referida a la situación de los que están aparentemente incluidos en el sistema, pero no aprenden lo básico, necesario y fundamental y que, por lo tanto, sufren una estafa social de proporciones. Los distintos países de la región están impulsando distintos programas que tienen por finalidad lograr que todos los niños y adolescentes -la franja más golpeada por la exclusión educativa- vuelvan a la escuela, permanezcan y aprendan en ella. Estamos convencidos de que, para todos nuestros países, la exigencia de garantizar el derecho a la educación de nuestra población, especialmente de los niños y adolescentes, es una cuestión imperiosa e impostergable. Nuestros países no tendrán un futuro deseable si no lo logramos en los próximos años. La Fundación SES, como organización de la sociedad civil comprometida desde hace años en el trabajo con adolescentes y jóvenes con menores oportunidades sociales, fue desarrollando, conjuntamente con docentes, educadores populares, dirigentes de organizaciones comunitarias y jóvenes, una serie de criterios y experiencias de inclusión educativa no restringidas al proceso de escolarización formal. Desde nuestra visión institucional, estas experiencias se orientan a la conformación de comunidades de aprendizaje que pueden desplegarse en sistemas diferenciados (formal, no formal, medios de comunicación, Internet, etc.), ámbitos múltiples (escuela, familia, club, etc.), contenidos y metodologías de procedencia polivalente, todos ellos sustentando las prácticas en las que los sujetos se ven implicados: diferentes lugares de aprendizaje, también extraescolares, que enriquecen la trayectoria de inclusión de los jóvenes en los espacios formales. Construir contextos educativos de estas características supone promover a los jóvenes como protagonistas de los proyectos y actores críticos de su propia inserción histórica. Pensándolo más integralmente, supone un modelo organizacional cuya gestión democratizadora redunde en beneficio de la acción protagónica de los diferentes actores involucrados en dicho modelo, entre ellos los mismos jóvenes. Las páginas que siguen se proponen aportar al debate público reflexiones y propuestas que permitan impulsar procesos de inclusión educativa. Quisiéramos que las opiniones de los distintos autores, que representan diferentes y complementarias perspectivas, sean de utilidad no sólo a los que diseñan estos programas, sino también a los que los implementan, los enriquecen con sus prácticas y los fortalecen con sus propios conocimientos y compromisos. La Fundación SES agradece a UNICEF Argentina y especialmente a Elena Duro, su oficial de programa en la Argentina e interlocutora en proyectos e iniciativas que se promueven desde la Fundación SES junto con el sector público. Al mismo tiempo, agradece a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura (OEI) por su constante apoyo y aliento para trabajar por la inclusión de los adolescentes y jóvenes con menos oportunidades y, en particular, para la producción de este libro. Destaco los aportes de Ana Vitar y el acompañamiento sostenido de Darío Pulfer -director adjunto de la Oficina Regional Buenos Aires- en iniciativas que la Fundación SES desarrolla en la Argentina y en los países del MERCOSUR para impulsar estrategias que articulen iniciativas de gobiernos y de la sociedad civil para mejorar la equidad en los sistemas educativos regionales. Finalmente, deseo reconocer el trabajo de Marcelo Krichesky, secretario del ámbito que coordina los programas educativos de la Fundación SES -compilador y alentador constante de esta publicación- y a todos los que colaboraron para que ella pueda llegar hasta sus lectores. Prof. Alberto César Croce Presidente Fundación SES